Agencia Noticias La Fuente/
Empleados del Ayuntamiento de Poza Rica, que encabeza el alcalde de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, fueron captados usando vehículos oficiales para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.
Los hechos podrían configurarse en delito electoral.
Este miércoles 17 de enero la aspirante cerrará precampaña en Poza Rica donde los empleados municipales fueron captados trabajando y preparando el evento.
En fotografías se puede identificar los vehículos oficiales con el logotipo y la leyenda “Poza Rica Viva Bella”.
En redes sociales, ciudadanos inconformes hicieron denuncias, mismas que fueron recogidas por medios electrónicos como “Vox Populi” y otros.
“En pleno desvío de recursos públicos fueron sorprendidos empleados usando unidades del H. Ayuntamiento Local de ésta ciudad de Poza Rica, para habilitar el escenario en la plaza cívica 18 de marzo, donde están convocando a mitin político de cierre de precampaña de sus candidatos para el día de mañana 17, donde se presentará Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia; Rocío Nahle, candidata a Gobernadora, así como otros aspirantes más a otros cargos de elección, por parte del partido Morena”.
Los ciudadanos señalaron que para el acondicionamiento del escenario se usó a la plantilla laboral del área de Atención Ciudadana.
Además, expusieron que empleados municipales fueron enviados a visitar a los jefes de manzana y comités de colonias, para llevar personas al mitin y así mostrar “músculo político”.
Los propios líderes de colonias señalaron que una de las estrategias de coacción que les aplicaron fue que, en caso de negarse a llevar determinado número de personas les serán suspendidos los apoyos que reciben del Ayuntamiento como son: despensas, kits de trabajo, láminas, etcétera.
Cabe mencionar que “El Pulpo” dijo que ningún empleado municipal estará en el evento político de este miércoles, toda vez que es horario laboral, pero las fotografías evidencian lo contrario.
“Yo creo que es la voluntad de la gente (…) Nosotros, los que dirigimos, en mi caso a Poza Rica, no tengo a nadie que tenga que venir a fuerza” concluyó.

Es desvío de recursos.

El alcalde de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, estaría incurriendo en desvío de recursos públicos al usar vehículos y personal del Ayuntamiento para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo a las denuncias ciudadanas para el evento se usaron vehículos oficiales con el logotipo del Municipio y personal del área de Atención Ciudadana; esto, en pleno día laboral.
El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define al desvío de recursos públicos como la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
El desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias formas de materializarse, una de ellas es usar equipo y personal con cargo al Ayuntamiento para actividades políticas.
Cuando un servidor público es encontrado responsable del desvío de recursos públicos, se le impondrán sanciones que puede variar y será determinada por el Tribunal encargado del caso.
Algunas de las sanciones posibles son: Suspensión del empleo, cargo o comisión: Esta sanción implica la suspensión temporal de las funciones del servidor público por un período de treinta a noventa días naturales.
Destitución del empleo, cargo o comisión: En casos más graves, el servidor público puede ser destituido de su empleo, cargo o comisión de manera permanente.
Además, se contempla la sanción económica misma que: se puede imponer al servidor público una multa económica como consecuencia de la falta administrativa cometida. Inhabilitación temporal: El servidor público puede ser inhabilitado temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. La duración de la inhabilitación dependerá de la gravedad de la falta y el monto de la afectación causada.
Es importante tener en cuenta que, en este caso, también se configura un delito electoral por lo que el funcionario podría incluso ser denunciado por la vía penal.
Cabe precisar que fue MORENA quien modificó la Constitución y aquellas personas que cometan un delito electoral se les castigan con cárcel de manera preventiva oficiosa, en tanto, se resuelve su situación jurídica.

-Este Delito Electoral que presuntamente comete El Pulpo, amerita según la ley, cárcel preventiva-

Además de desvío de recursos, alcalde de Poza Rica emanado de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, habría cometido un delito electoral al usar vehículos y personal del Ayuntamiento para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, quien visita esa ciudad este miércoles.
Cabe mencionar que fue MORENA quien impulsó la Ley General en materia de Delitos Electorales, misma que establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y las formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno para su investigación y persecución.
En dicha Ley se plantea que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos electorales.
Además, establece hipótesis delictivas para cualquier persona –sujeto indeterminado–, ministros de culto religioso, funcionario electoral, funcionario partidista, candidato y servidor público.
Precisa que las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos cuando no sea competente la Federación.
La Ley también dispone que los servidores públicos que cometan cualquiera de las transgresiones previstas se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación de dos a seis años para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, la destitución.
También se prevé una sanción de dos a nueve años de cárcel al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios, que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.
Además, sugiere prisión de dos a nueve años, al servidor público que coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. El mismo supuesto se aplicará a los funcionarios que usen el condicionamiento de programas gubernamentales o programas de naturaleza social.