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Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV) denunció que los trabajadores tienen que ir a los mítines políticos y pagar sus gastos o los corren. Veracruz.
Los inspectores fitosanitarios que fueron removidos de norte, sur y centro del estado, ahora se dedican a vender cacahuates y vinos en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, porque sus puestos han sido ocupados por incondicionales del actual director del área, el poblano Luis Alberto Montes Huidobro.
Así lo denunció Acdmer Antonio Galicia Campos, líder del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEDEPEV) quien aseguró que son 14 trabajadores que no fueron regresados a sus lugares de origen y ahora los ponen a hacer vendimia o a desyerbar terrenos.
“Los compañeros siguen concentrados injustificadamente dentro de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario donde de una manera discriminatoria los tienen trabajando ahí. Les pusieron un puesto de cacahuates, un puesto de vinos. Inspectores que están certificados a nivel nacional, los tratan como vendedores cuando el estado de Veracruz requiere de personal capacitado en lo que es la movilización de sanidad animal”, explicó el líder.
Dijo que a los trabajadores les han dado un trato indigno, pues los mandan a chapear predios o los mandan a elaborar acciones de entrega de apoyos, que no tiene nada qué ver con el trabajo para el que se prepararon, algunos de ellos con más de 20 o 30 años de labores.
“Y muchos de los que están denunciados por corrupción los tienen trabajando ahí en la dependencia, creo que eso es lo que le gusta al sistema actual de gobierno (…) hay que acusar desde el subsecretario de Gobierno, el secretario de la Sedarpa, el director de Ganadería, que son los que están solapando este tipo de acciones, que tienen trabajando a personal sin capacitación”.
Agregó que además hay tres funcionarios más que deberían ser investigados, como el jefe de departamento de sanidad animal y los supervisores que les exigieron dinero a los trabajadores para que conservaran sus puestos, moches que eran de 5 mil pesos.
Dijo que hasta el momento siguen por la vía legal pugnando por regresar a sus lugares de origen.