Rosalinda Morales /Agencia Noticias La Fuente/

La candidata Rocío Nahle no puede argumentar que está siendo violentada con razón de género solo porque se le expuso públicamente su patrimonio, opinó Rafael Hernández Matías abogado postulante vicepresidente del Observatorio y Contraloría Ciudadana.
“Porque el artículo 1 del Registro Público de la ley de la Propiedad establece que el objeto público es darle publicidad a los todos los registros”.
Consideró que la marcha de apoyo a Nahle que se está anunciando para este martes, podría ser manipulada y mujeres trabajadoras obligadas a asistir. Recordó hay quejas anónimas de que empleados son obligados a asistir a mítines de MORENA.
Sobre si es violencia de género exponerle su patrimonio, el abogado comentó: “Es decir, cualquier persona puede obtener un segundo, tercer testimonio de cualquier bien de cualquier persona y no comete un ilícito porque lo exponga públicamente”.
Acotó que al aducir que donde vive renta, y no es de su propiedad ese bien tan costoso, sin embargo, observó el abogado “el empresario que expuso el mismo, puntualizó que es de un familiar, la señora está obligada, a desvelar que ese familiar tiene la posibilidad económica para poseer un bien de ese valor, lo cual no ha logrado”.
Dijo que sí Rocío Nahle se sentía agraviada tenía la obligación de incoar la denuncia y buscar y pedir las medidas cautelares ante la instancia electoral, para que no se siga difundiendo lo que ella aduce es “difamación”.
También Rafael Matias comentó que aún de oficio las autoridades electorales pudieron investigar el caso de la supuesta agresión que la señora Nahle argumenta. Pero consideró que OPLE no ha iniciado de oficio esa investigación porque no hay tal falta.
“OPLE hace monitoreo de todos los candidatos y medios de comunicación, hay procedimientos sancionadores iniciados incluso contra comunicadores, lo cual no ha ocurrido con las propiedades imputadas a Rocío Nahle”, y su sentir que fue violentada con razón de género.
Refirió que ante la manifestación que se anunció para este martes en Plaza Lerdo, pudiera implicar que empleadas de gobierno estén siendo violentadas en sus derechos laborales y obligadas a asistir a esa manifestación.
El abogado narró conocer de empleados que son obligados a ir a mítines a varios municipios del estado, y que ya están cansados, pero por temor a perder su trabajo, no denuncian ante instancias laborales esta presión. Y solo lo hacen a medios y de forma anónima.