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Leobardo Gómez González, presidente municipal de Tihuatlán fue denunciado por la violación a los derecho político-electorales de los regidores primero y segundo del Ayuntamiento. Lo acusan de incurrir en violencia política de género y obstrucción del cargo.
El ahora experredista anunció -el 24 de enero- su adhesión a las filas de Morena y su apoyo a favor de la candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle. Desde esa fecha, el alcalde incrementó el acoso contra los regidores José Norberto Aguirre y Mónica Claudio Casado, por negarse a apoyar a Morena.
Los dos regidores acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, a presentar una denuncia por la violación a sus derecho político-electorales contra el alcalde Leobardo Gómez así como contra otros funcionarios municipales.
La queja radica en el hecho de que el 7 de mayo el Cabildo citó a una sesión extraordinaria donde se determinó remover a José Norberto Aguirre y Mónica Claudio Casado de las comisiones edilicias que integraban.
Los regidores presidian las comisiones de salud pública, hacienda y patrimonio, y obras públicas. El alcalde determinó removerlos con el apoyo de dos regidores, la síndica y el secretario de gobierno; la justificación quitarles las comisiones fue que era por “salud de todos” los integrantes del Cabildo.
Además, la regidora segunda Mónica Claudio acusó al alcalde por violencia política en razón de género, pues no solo obstruye su trabajo como mujer: al negarle información, no dejarla participación en las sesiones, y ordenar que su trabajo no se difunda en las redes sociales del Ayuntamiento, si no que le paga menos que a los regidores hombres.
Los quejosos insistieron en el escrito que, a partir de que el alcalde renunció como militante, simpatizante o adherente al Partido de la Revolución Democrática, sufren acoso, amenazas y burlas de los colaboradores del alcalde.
“De manera directa nos ha referido que el sigue siendo la máxima autoridad, que solo somos unos empleados de él, que no lo apoyamos y que ya sabemos cómo nos irá”, plantearon en su escrito a magistrados locales.
El regidor, denunció, que detectó el pago de servicios sin encontrarse justificados en la Comisión de Obras Públicas, por lo que se negó a firmar los estados financieros, pues había gastos inflados, además, de que trabajadores municipales están participando en campañas.
“A raíz que empezamos a notar la total intromisión en un proceso electoral, le solicitamos la plantilla laboral, así como los puestos en los que se encontraban ejerciendo el cargo, sin embargo, no obtuvimos respuesta, y por el contrario, a los pocos días resulta que muchos trabajadores habían sido dados de baja aun cuando de manera específica nunca se habían presentado a laborar”.
La queja incluye a Leobardo Gómez González, Presidente Municipal; Lidia de Leon Gutiérrez, Síndica Única; Bernardo Aldana Vaquier, Regidor Tercero; Norma Edith Herrera Viveros, Regidora Cuarta; Mirta Idalia García García, Secretaria del Ayuntamiento; y Rosa Marina Sánchez López, Tesorera.
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