Rosalinda Morales /Agencia Noticias La Fuente/
Este martes el gobernador Cuitláhuac García anunció que ampliará su denuncia ante FGR por presunto conflicto de intereses en la construcción de la Torre Centro de Veracruz, y su relación con jueces que llevaron el caso y concedieron amparos.
En medio de esta denuncia dijo que mencionara o incorporará a la carpeta que el empresario Arturo Castagné Couturier está relacionado con una empresa de las que construyó la torre o renta departamentos en ese inmueble y se ha amparado para seguir su construcción.
“Y ahora sale el peine, ahora entiendo porqué el odio de este personaje y su irrupción en el proceso electoral”, dijo si aclarar la relación que tendría Castagné con una de las empresas que rentan o tienen relación con la torre. Porque tampoco dijo el giro de la empresa ni los servicios que presta.
Castagné ha presentado denuncias por 7 propiedades de la candidata de MORENA, Rocío Nahle, por presunto enriquecimiento ilícito, ya que superan sus propiedades su declaración patrimonial.
Sin embargo, ante la pregunta de si era Castagné era socio o cliente de la empresa o el nivel de implicación en la misma, reiteradamente respondió: “Que se investigue en FGR”, para finalizar señalando: “y si es inocente o no tiene nada que ver, que se aclare también”.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que será solicitada a la Fiscalía General de la República investigación por tráfico de influencias, corrupción y contubernio de autoridades estatales y municipales, jueces y empresas creadas en el gobierno anterior para la construcción de la Torre Centro Veracruz.
El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hoy que se trata de un cartel inmobiliario que promovió siete amparos y ganó cinco para continuar la construcción; “una aberración procesal donde hasta un juez declaró tener intereses particulares”.
En este sentido, dijo el mandatario que consta en carpeta de la FGR que fue violentada la normatividad porque no existen los permisos de Protección Civil y Medio Ambiente, de modo que este organismo tendrá que aclarar si hubo transacciones dudosas entre inversionistas y las autoridades estatal y municipal que entonces eran padre e hijo de apellido Yunes.


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