Rosalinda Morales /Agencia Noticias La Fuente/
La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), precisó que en el caso de la Fuerza Civil, la Comisión a su cargo ha emitido 21 recomendaciones, de esas; 17 han sido en la presente administración de Cuitláhuac García.
«Algunas tienen que ver con el uso excesivo y, por lo tanto, ilegítimo del uso de la fuerza y, algunas tienen que ver con actos de tortura», resaltó.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, informó que una de las presuntas violaciones a los derechos humanos que se investiga, por los hechos ocurridos en la localidad de Totalco, municipio de Perote, es “el derecho a la vida”.

La queja se levantó de oficio, se esta documentando.
«La queja se está integrando, la investigación la acabamos de iniciar con la apertura de la queja, así que ahora puedo decir que presuntamente, el derecho a la vida, pero no podré señalar más hasta que terminemos de integrar la queja», indicó.
Cuestionada respecto de si se pudiera presumir ejecuciones extrajudiciales en contra de los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vásquez, pidió allegarse de todos los elementos y, en todo caso, confirmar qué violaciones a los derechos humanos se trató.
La presidenta del organismo autónomo refirió que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que existen 50 servidores públicos sancionados de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no todos corresponden a la Fuerza Civil, presuntamente responsable de los hechos ocurridos en Totalco, municipio de Perote.
Expuso que la determinación del número y quienes en la individualización de la sanción, corresponde a la SSP.
En el caso de la Comisión a su cargo le corresponde determinar, si hay violación a los derechos humanos, la responsabilidad institucional.
Matzumoto Benítez recordó que la SSP sí ha aceptado las recomendaciones emitidas por el organismo autónomo, por ello es que se han abierto procedimientos sancionatorios administrativos.
La presidenta de la Comisión dijo que ella está impedida de dar alguna opinión respecto de la actuación de dicha fuerza policial hasta que no se concluya concluir un procedimiento que pudiera cuestionar la imparcial del organismo a su cargo.