Conflicto agrario de hace 50 años, ha producido 30 intentos de desalojo en los últimos años en R. Cabada.

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Rosalinda Morales/ Agencia Noticias La Fuente/
Por un conflicto agrario que tiene más de 50 años, se manifiestan la tarde de este lunes, pobladores del municipio Ángel R. Cabada en Plaza Lerdo.
Piden que el gobierno federal una sentencia que ha generado 30 intentos de desalojos de mil pobladores en un ejido de ese municipio. Donde los enfrentamientos han derivado en agresiones físicas y lesiones, narró el representante de los quejosos, Saturnino Narciso Pérez, Comisariato ejidal del ejido Ángel R. Cabada antes El Mesón.
“Ha sido orquestado por las instituciones del sector agrario, empezando por la SADER, cuando entregaron las actas de posesión, no dieron posesión como señalaba la resolución presidencial”, esto provocó un conflicto interno, narró el representante de los manifestantes Saturnino Narciso.
Abundó que por la opacidad y corrupción de los tribunales agrarios “se dio una sentencia mal, condenan a la restitución de 77 hectáreas en territorio de un ejido, cosa que no puede afectar una resolución presidencial de un núcleo agrario, pero el Tribunal lo hizo, a pesar de que ya existe un avance sobre el cumplimiento sustituto de un juez de distrito, aún así pretende ejecutar una acción de terreno ejidal, donde hay un asentamiento de más de mil habitantes”.
Esto genera un conflicto social, porque los habitantes no permitirán se ejecute esa sentencia.
El ejido mide 1300 hectáreas de dotación y 240 de ampliación. Si les quitan su terreno afectarán escuelas, iglesias, y servicios públicos.
La sentencia se dio el 13 de junio de 2003; y hasta la fecha no se ha podido ejecutar, porque la gente se opone y ha habido heridos. Ya se han registrado más de 30 intentos de ejecución.
Por ello buscan la solución definitiva al problema agrario, citó, ante la promoción de desalojo que realiza el Tribunal Agrario de San Andrés Tuxtla.
El Tribunal intenta favorecer a un grupo de ejidatarios del mismo ejido, los que fueron beneficiados con la ampliación del ejido.
Lo que piden los pobladores del ejido es que se le pague -desde el gobierno federal- a la contraparte, que son 70 ejidatarios que interpusieron ese juicio que generó la sentencia.

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