Rosalinda Morales/ Agencia Noticias La Fuente
Este lunes se entregó la cuenta pública 2023 a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, son 37 municipios que resultaron sin daño patrimonial, de 212.
El daño patrimonial conjunto entre dependencias de Gobierno y municipios asciende a 1699 millones de pesos, de los cuales 280 corresponden al estado, a los poderes del estado, “es menor que el año anterior”, reveló la Auditora General del ORFIS, Delia González Cobos.
“Esto como saben está explicado en el informe general y los informes individuales, fueron 308 entes municipales, más la cuenta consolidada que la tomamos como un ente adicional, entonces de esos 309 entes fiscalizados el resultado fue poco más de 1699 millones”.

BAJÓ NÚMERO DE MUNICIPIOS CON DAÑO PATRIMONIAL
La auditora refirió que disminuyó el número de municipios que resultaron con daño patrimonial.
“Fueron aclaradas totalmente las observaciones de 37 municipios”.
OBSERVACIONES MÁS RECURRENTES

De de los 175 municipios que sí resultaron con daño patrimonial, las observaciones más recurrentes fueron falta de comprobación de documentos en obra pública, que requieren un sinnúmero de atención que debe ser cumplida. Permisos, validaciones, comprobaciones que no fueron presentadas, obras pagadas y no ejecutadas, entre otros rubros, son lo más frecuente dentro del daño patrimonial detectado.
“Todo esto para nosotros en cumplimiento de las obligaciones resultó en daño patrimonial”.

DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES
Dentro de las dependencias de gobierno del Estado, son varias las dependencias que tendrán que aclarar falta de comprobación en pago de obras, gastos generados que no fueron pagados. De 280 millones de pesos es el daño patrimonial del Estado y que tienen en la etapa de investigación, la oportunidad de hacer las aclaraciones.
“En esta ocasión que la administración está por concluir, cuanto antes se presenten con la documentación correspondiente para que puedan hacer una buena entrega”, subrayó la auditora Delia González.
Acotó que en caso de no hacerlo, estarán sujetos a las responsabilidades que marca la ley.
La Auditora reiteró que hay faltas de comprobación en documentos y obras que se revisará si alguna cayó en contratar a “empresas fantasmas”.
Para subsanar las observaciones se tiene un periodo después que el Congreso aprueba la cuenta pública, son 7 años, el periodo en total que el ORFIS revisa lo que está pendiente de solventar.