En Veracruz hubo 615 embarazos infantiles en 2024; ni en casos de violación, les permitieron abortar.

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Rosalinda Morales / Agencia Noticias La Fuente/
Veracruz en 2024 se posicionó en el tercer lugar de esta problemática, con 615 niñas de entre 10 y 14 años de edad que tuvieron partos.
Este lugar lo ha ocupado desde el 2019.
Todos estos casos siempre derivan del delito de violencia sexual, reveló Adriana Fuentes coordinadora estatal de Equifonía AC.

EL MUNICIPIO CON MÁS CASOS
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho que tienen las niñas víctimas de violencia sexual y lo pueden solicitar en cualquier momento de la gestación. La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un servicio de salud al que tienen derecho todas las mujeres en Veracruz, hasta las 12 semanas de gestación, sin necesidad de justificarlo.
Ambos debe garantizarlos
las autoridades.
En Veracruz se realizaron 17 IVE’s en


  1. De esta cifra resalta Equifonía que las
    autoridades de Salud reportaron de
    manera errónea 6 como ILE´’s.

Estos son los municipios que han registrado embarazos adolescentes:
.-MINATITLÁN: 40
.-OLUTA : 30
.-VERACRUZ: 29
.-ORIZABA: 18
.-CÓRDOBA: 15
.-S. ANDRÉS
TUXTLA: 14
.-MTZ. DE LA TORRE: 11
.-PEROTE: 11
.-COSAMALOAPAN: 11
La estadística fue recopilada con datos de la Dirección General
de Información en Salud (DGIS) de Secretaría de Salud (2024).
Equifonía señala que las autoridades tienen la responsabilidad de salvaguardar y garantizar el bienestar de todas las niñas y mujeres.
“Como sociedad la tenemos de no sumar a discursos de odio. Cada vez que la comunidad juzga y una autoridad es omisa ante los casos de violencias contra niñas y mujeres, se perpetua la vulnerabilidad de las víctimas”, concluyeron.

EL CASO GABRIELA
Gabriela era una adolescente de 17 años cuando fue víctima de violencia sexual en Ixhuatlancillo. Su agresor es miembro de “Mujeres voluntarias para el desarrollo de Ixhuatlancillo” y estuvo en prisión preventiva 2 años hasta que una jueza determinó su
liberación.
La familia de Gabriela, indígena, señala que la jueza que atendió el caso fue parcial con los testigos que presentaba el agresor, quien es un líder social.
Desde que decidió denunciar a su agresor, Gabriela ha sido objeto de atentados por parte de la comunidad del Ixhuatlancillo, quienes son organizados en la plaza principal
para atacarla, manteniéndose omisas las autoridades municipales.
El asesinato de su perro, un intento por atropellarla, el robo de su casa, las burlas y el acoso, son algunos de las agresiones que obligaron a la familia de Gabriela a huir de su hogar.

CASO FÁTIMA
Fátima pasó de denunciar como víctima a ser juzgada como “agresora”.
Madre de tres hijos menores de edad en Coscomatepec de Bravo, decidió separarse del padre tras vivir una serie de violencias por 7 años.

Este comenzó a acosarla y como represalia hurta electrodomésticos y deja de pagar la pensión alimenticia.
A su forma y posibilidades físicas y económicas la madre de 37 años ha procurado la vida de los menores, con varias negativas al pedir atención de las autoridades municipales actuales: en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto Municipal de las Mujeres; y el centro de salud.
La exigencia comunitaria a Fátima era de cierto comportamiento al que no respondió y la madre del agresor interpuso una denuncia contra Fátima por el delito de omisión
de cuidados.
Al buscar acompañamiento ante la injusticia, las autoridades del ayuntamiento han sido omisas justificando con opiniones negativas que la misma comunidad ha alimentado.
La violencia comunitaria contribuye a la impunidad y que las víctimas desistan en seguir los ya difíciles procesos correspondientes.

LA EXIGENCIA
Equifonía exige al alcalde de Ixhuatlancillo – Fernando Ochoa Vega- y de Coscomatepec – José Luis Alonso Suárez- a procurar por la justicia en estos casos, así como a la Fiscalía de Veracruz y el Poder Judicial en lo propio.

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