Rosalinda Morales/ Agencia Noticias La Fuente/

La señora Miriam Sanchez, mamá de Leo Michel Acosta, esta última acusada de estar involucrada en el asesinato de su novio Fidel González en agosto de 2023 en Yanga, pide que la Fiscal Veronica Hernández la reciba, para que ella pueda explicarle las inconsistencias en la carpeta de investigación.
De entrada señala que el Fiscal Rubén Ortiz Reyes, “quien fabricó el delito a mi hija Michel, está involucrado y señalado -recientemente- por abogados de corrupción”.
También quiere exponer que otra Fiscal, Vianey Guadalupe Aramburo fiscal cuarta de la Mujer en Córdoba, “es quién frenó mi carpeta (de investigación por difamación por la acusación que hicieron contra su hija)”.
Acusó: “El fiscal Rubén Ortiz fabricó el delito contra mi hija, y lo exponen en redes sociales (barras de abogados) que es pura corrupción él”.
Ella ha pedido desde hace dos años la reapertura y revisión de la carpeta de investigación contra su hija, pues asegura hay muchas inconsistencias y también irregularidades en su integración.

BUSCÓ AUDIENCIA CON LA FISCAL PERO NO LA RECIBIÓ
Y el pasado 27 de junio acudió a la Fiscalía; para buscar a la licenciada Veronica Hernández; pero no la recibió.
“Me mandó decir que no podía porque mi caso estaba con los jueces y ahí estaba ya, pero yo llevaba las pruebas para exponer a este fiscal,
lo que quería es exponer lo que ha hecho este fiscal, contra mi hija, pero ella no me quiso atender, no me quiso tomar pruebas ni nada”.
La señora Miriam asegura tener información que a la familia del joven fallecido si los ha atendido.
“Si ella es un servidor público, tengo derecho a que me reciba, pero dicen que a mí no me puede atender, porque mi hija no era víctima, la víctima eran ellos y por lo tanto sí los puede recibir. Mentira, mi hija sí es una víctima de la Fiscalía”.
La madre de Michel solo pide ser escuchada por la Fiscal y ahora agrega esta publicación que sale en medios de Córdoba porque asegura que es lo que ella ha venido denunciando contra el Fiscal que armó la carpeta contra su hija.
La policía de Splendora, Texas, capturó en 2024 a Michel ‘N’, presunta cómplice del asesinato de Fidel González, el cual ocurrió durante las fiestas del carnaval de Yanga, en agosto de 2023. Y ella sigue en Estados Unidos.

DE QUÉ SEÑALAN AL FISCAL?
En medios de comunicación de Córdoba denuncian que en la Fiscalía de Delitos Diversos de Córdoba, “la justicia no se gana, se compra. Y no se trata solo de café o pan dulce, sino de cuotas fijas en efectivo para avanzar en una carpeta de investigación o conseguir beneficios procesales».
Las primeras denuncias públicas, apuntaban directamente contra dos fiscales: 𝗚𝗲𝗺𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗮𝗻̃𝗲𝗱𝗮 𝗔𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 (𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮) 𝘆 𝗥𝘂𝗯𝗲́𝗻 𝗢𝗿𝘁𝗶𝘇 𝗥𝗲𝘆𝗲𝘀 (𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗦𝗲𝘅𝘁𝗼).
Sin embargo, nuevos testimonios recabados en los últimos días revelan que el problema no es aislado: la red de corrupción alcanza a todos los fiscales adscritos a dicha Unidad, donde estas prácticas se han normalizado y operan con total impunidad.
De acuerdo con fuentes consultadas, se exige a las víctimas hasta mil pesos para que sus carpetas sean judicializadas, y $5 mil pesos por cada audiencia.
Pero el negocio no termina ahí señalan: también a las personas imputadas se les pide una cuota aún más alta, según la gravedad del delito, a cambio de “facilidades” o tratos preferenciales.
Denuncian litigantes que, por temor a represalias, han decidido mantener el anonimato.
Ante esta situación, el día 9 de julio de 2025, el presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados A.C.

El comunicado destaca:

Las acusaciones ya no se limitan a dos funcionarios, sino que abarcan toda la unidad.
Las cuotas exigidas para acceder a la justicia representan una discriminación económica intolerable.
Estas prácticas constituyen posibles delitos penales y faltas administrativas graves.

Ante ello, la AVAA:

1. Exige una intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado, a través de la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control.
2. Solicita protección y confidencialidad para víctimas y denunciantes.
3. Informa que ya está integrando un expediente con pruebas documentales y testimoniales que será entregado a instancias como la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
4. Advierte que, si las autoridades no actúan, se emprenderán acciones legales y mediáticas, en coordinación con otras barras, colegios y organizaciones defensoras del derecho.
   “El sistema de procuración de justicia no puede estar al servicio de quienes más pagan”, sostiene la AVAA. “Una fiscalía que opera bajo cuotas deja de ser una institución de legalidad y se convierte en un mecanismo de abuso”.