Rosalinda Morales/ Agencia Noticias La Fuente/
La plantilla laboral de los penales de Veracruz, incluidos los directivos, deben ser evaluados para corroborar que cumplen con sus actividades de manera correcta, señaló Ramón Díaz Ávila, diputado local del PT.
Refirió que hechos como el registrado el pasado sábado en el penal de Tuxpan, donde hubo un motín en el que ocho internos perdieron la vida y diez más resultaron con lesiones, no deben suceder, dados los riesgos que representan para todos los internos.
«Se debe revisar la manera en que actúan los directivos de los reclusorios, que tengan los exámenes de confianza y que el personal cuente con la capacitación correspondiente», expresó.
En Veracruz hay 17 Centros de Readaptación Social a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales se ubican en los siguientes municipios:
Acayucan, Amatlán, Chicontepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Huayacocotla, Jalacingo,
Misantla, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan,
Coatepec y Zongolica.

Además, hay un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, ubicado en el municipio de Villa Aldama.
El diputado petista observó que el Sistema de Seguridad Nacional debe intervenir en los penales del estado para realizar la revisión.
«Se tiene que realizar una revisión exhaustiva del personal que labora en los reclusorios, ver cuánto tiempo tienen y si hay necesidad de rotación que se haga o se realicen los cambios correspondientes», expresó.
Recordó que se esperan los avances de las carpetas de investigación de parte de la Fiscalía, a fin de que exista claridad sobre los hechos generados.
«La Fiscalía debe informar sobre los avances de las carpetas, no porque sean hechos, como se ha manejado, que son de narcotráfico o de ajustes de cuenta no se debe dejar de investigar», dijo.
El pasado sábado 2 de agosto, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan los internos realizaron un motín, hecho que tuvo como saldo ocho personas fallecidas y 10 lesionadas.
El Cereso está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que recurrió a las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, así como de la Guardia Nacional para lograr establecer el orden.
Durante el motín, los presos provocaron incendios al interior del inmueble y generaron varios altercados, argumentando violaciones a sus derechos humanos, aunque también se mencionó una probable intervención de grupos delictivos, según señaló el activista Juan Javier Pérez Roldán.
Los hechos se expusieron en redes sociales, lo que causó conmoción y movilización en la zona norte de la entidad.
La seguridad del penal fue lograda ante la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.