De 2018 a 2025, solo una de cada 129 denuncias por tala ilegal derivó en una sanción.

Agencia Noticias La Fuente/

La impunidad contrasta con la respuesta estatal superada: de acuerdo con datos oficiales vía transparencia, de enero de 2021 a octubre de 2024, las autoridades estatales desplegaron apenas 22 elementos en operativos conjuntos que resultaron en 103 detenidos y el aseguramiento de más de 35,000 metros cúbicos de maderas preciosas como cedro rojo y pino.

Los municipios de Perote, Emiliano Zapata y Acajete concentraron el mayor número de intervenciones.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA MOTOSIERRA?

El modus operandi es violento. “Los grupos se aprovechan del uso de la fuerza, violencia y armas de fuego para hacerse de terrenos forestales”, alertó la senadora Susana Harp.

El objetivo en estados como Veracruz, Michoacán, Guerrero y Oaxaca no es solo la madera: los territorios robados se usan para establecer plantíos ilícitos, construir aserraderos clandestinos o erigir bases de operación, denunció la senadora.

¿A DÓNDE VA EL BOSQUE QUE DESAPARECE?

El mercado está inundado de producto ilegal. Salvador Anta, experto forestal, explicó que esta madera, más barata, crea una competencia desleal que perjudica a los productores legales. Su ruta de comercialización incluye desde mercados locales hasta un sofisticado “lavado” mediante documentación oficial falsa de la Semarnat, o el desvío de permisos de saneamiento forestal.

La Conafor estima que, a nivel nacional, hasta el 70% de la madera comercializada entre 2013 y 2018 tuvo origen clandestino.

¿CUÁL ES EL COSTO PARA LAS COMUNIDADES Y EL AMBIENTE?

El impacto es doble y profundo. Socialmente, en regiones con alta pobreza, el crimen se ha convertido en el único empleador para muchas familias, reclutándolas para la tala y generando economías paralelas vigiladas por las armas.

Ambientalmente, Veracruz perdió el 17% de su cobertura forestal entre 2001 y 2023, según Global Forest Watch. Áreas protegidas emblemáticas como el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote están bajo asedio, con municipios aledaños como Calcahualco perdiendo cientos de hectáreas.

¿POR QUÉ PERSISTE EL CICLO DE IMPUNIDAD?

La cadena de justicia se rompe sistemáticamente. El diputado federal Adrián González Naveda acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de omisión: “Los fiscales respectivos no están actuando como deberían”.

Señala que, incluso con evidencias aportadas por la Profepa, los presuntos responsables suelen quedar en libertad.

Un ejemplo es el caso de La Laguna, en Coatepec, donde la Profepa clausuró una mina de arena ilegal y notificó a la FGR la violación de sus sellos, un delito penal.

La fiscalía no ha avanzado. Para las fuerzas de seguridad que patrullan estas regiones, cada árbol caído ilegalmente es menos un recurso natural y más un marcador territorial del crimen organizado.