Redacción/
La Contraloría General de Veracruz confirmó que el sistema estatal de Video-Vigilancia, enfrenta un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), lo que podría derivar en nuevas acciones legales y penales contra los exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en donde presuntamente se cometió este daño al erario público por más de Mil Millones de Pesos.
Del que también hay denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), que no ha caminado.
El expediente ante el TRIJAEV se abrió luego de la revisiones hechas por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la administración del ex secretario Hugo Gutiérrez Maldonado, y podría derivar en denuncias penales en contra de exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, incluido el propio ex-gobernador, y justo en pleno año electoral, ya que son denuncias de años anteriores que no habían caminado.
Este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también interpuso una denuncia ante ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de detectar faltas graves y diversas irregularidades en el manejo de $350 millones de pesos invertidos en el sistema de video-vigilancia Yunista.
La denuncia ante el TRIJAEV podría desencadenar en acciones legales adicionales contra funcionarios vinculados al proyecto de la administración del panista Yunes Linares.
En medio de estas acciones legales, el artículo 11 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar los procedimientos administrativos, legales y penales correspondientes por faltas administrativas graves, como la del caso del fraude millonario en el sistema de video-vigilancia de los Yunes.
El artículo 98 de la misma ley establece que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior, investigarán y de ser necesario sustanciarán procedimientos de responsabilidad administrativa y penal.
Además, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público en los casos pertinentes.