Rosalinda Morales/ Agencia Noticias La Fuente/

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que en su administración no habrá impunidad para ningún servidor público que incurra en actos fuera de la ley y sostuvo que las investigaciones en curso deberán llegar «hasta las últimas consecuencias», sin importar la militancia política.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 27 de julio, la mandataria fue cuestionada sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado contra los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, ambos emanados de Movimiento Ciudadano, quienes enfrentan procedimientos de desafuero en el Congreso del Estado por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, homicidio y desaparición.

Negó se trate de persecución política y afirmó que nunca fueron invitados estos alcaldes investigados a formar parte de las filas de MORENA.

“… le pregunté a Esteban (Ramirez Zepeta) y me dijo que eso no es verdad”; esto porque columnistas han señalado que sí fueron invitados y rechazaron salirse de MC y ahora coincidentemente están siendo investigados.

Al respecto, Nahle García dejó en claro que cualquier persona que haya cometido un delito deberá responder ante la justicia.

«Sea quien sea, si actuó mal, tiene que pagar su responsabilidad», expresó.

La gobernadora enfatizó que cada funcionario público debe asumir la responsabilidad de sus actos, decisiones y declaraciones, y reiteró que el Gobierno del Estado no protegerá a ninguna persona por razones políticas o partidistas.

Como ejemplo del trabajo ministerial, mencionó el caso del asesinato de la periodista Roxana Guzmán, ocurrido en Nanchital, donde informó que entre siete y ocho personas ya se encuentran detenidas como resultado de las investigaciones.

Precisó que tanto la FGE como la Fiscalía General de la República mantienen coordinación permanente para el esclarecimiento de este y otros casos de alto impacto.

Las declaraciones se dan en el contexto de las investigaciones contra Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, señalado por su presunta relación con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, así como de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, investigado por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos y su escolta Ignacio López.

Actualmente, ambos ediles enfrentan solicitudes de Declaración de Procedencia, analizadas por la Comisión Instructora del Congreso del Estado, instancia que ya los emplazó para comparecer y presentar las pruebas para su defensa.

En otro tema, Nahle reiteró el compromiso de su administración con el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. Reconoció que en ocasiones circula información falsa; sin embargo, afirmó que ello no modificará el rumbo del Gobierno del Estado, que continuará enfocado en atender las necesidades de la población y en mantener comunicación abierta con los medios.

Finalmente, sostuvo que en Veracruz prevalecerá el Estado de derecho y que las instituciones de procuración de justicia actuarán con apego a la ley, garantizando el debido proceso y la rendición de cuentas, sin distinciones por afiliación política.