De salir aprobados los desafueros pasan a la esfera del Poder Judicial donde continúa el proceso; Poder que ratificará o desechará la decisión del Legislativo.

Rosalinda Morales/ Agencia Noticias La Fuente/

Esta semana el Congreso de Veracruz podría votar los procesos de desafuero contra dos alcaldes de Movimiento Ciudadano: Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, a petición de la Fiscalía General del Estado.

Una vez votado si es a favor; pasa el proceso al Poder Judicial como lo indica el artículo 27 de la ley de juicio político y declaración de procedencia del estado de Veracruz.

De acuerdo con la convocatoria, la Sesión Ordinaria se llevará a cabo este lunes a las 13:00 horas y el miércoles 5 de agosto a las 11:00 horas la Sesión Extraordinaria.

Los ediles ya acudieron a audiencias de pruebas y alegatos, donde negaron los cargos, mientras que MC ha expresado preocupación de que la justicia sea utilizada de forma parcial.

El pasado 7 de julio la FGE inició el procedimiento de desafuero contra ambos.

Caso Ixhuatlán del Sureste

En el caso de Raúl González Martínez, se le investiga como presunto autor intelectual del homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, originaria de Nanchital.

Según la carpeta presentada ante legisladores, el edil supuestamente habría ordenado a un supuesto líder del «Grupo Sombra» privar de la libertad y asesinar a la periodista, tras enterarse de que poseía una fotografía donde aparecía portando un arma de fuego.

La defensa argumentó que la acusación carece de sustento al basarse únicamente en un «testigo de oídas», que no presenció directamente los hechos sino que replica información de terceros, y que la fotografía no obra en la carpeta.

Caso Úrsulo Galván

A Bertín Bravo Montero se le investiga por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López Torres, ocurrida en mayo de 2026.

La defensa rechazó cualquier nexo con líderes delictivos y sostuvo que los informes técnicos de telefonía presentan discrepancias en horarios y ubicaciones, acusando a la Fiscalía de omitir datos clave e incumplir deberes de objetividad y certeza.

Una vez votados los juicios de desafuero si son a favor de la petición de la solicitud Fiscalía General del Estado, y ministerios públicos que los solicitaron, pasaría a la cancha del Poder Judicial para que ratifique el quitar tal fuero a ediles, es decir una segunda y definitiva etapa como lo señala la Ley de juicio y declaración de procedencia del estado de Veracruz.

EL PROCEDIMIENTO LEGAL

De acuerdo al artículo Artículo 23 de la Ley de Juicio Politico y Declaración de Procedencia para el estado de Veracruz; este es el procedimiento que sigue en estos días próximos:

1. Si de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad del servidor público, la Comisión Permanente Instructora dictaminará:

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado; y

II. La propuesta de sanción que deba imponerse.

2. El dictamen que emita la Comisión Permanente Instructora lo turnará a la Secretaría General.

Artículo 24

1. La secretaría General enlistará el dictamen en la siguiente sesión del Pleno para su acuerdo, el que se votará en el plazo de siete días posteriores a la fecha de su turno.

2. Si el Congreso del Estado se encuentra en receso, la Secretaría General solicitará a la Diputación Permanente que convoque a sesión extraordinaria.

3. Determinada la fecha de la sesión, la Secretaría General citará al acusado y a su defensor.

Artículo 25

1. Enlistado el dictamen y conforme al turno que le corresponda en el orden del día, el presidente de la mesa directiva declarará al Pleno que se erige en jurado de acusación, y se procederá conforme a lo siguiente:

I. La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen o una síntesis que contenga los puntos substanciales y las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora;

II. En seguida se concederá la palabra al servidor público o a su defensor, hasta por treinta minutos para que replique lo que a sus intereses convenga;

III. El presidente de la mesa directiva solicitará que el servidor público y su defensor se retiren del recinto; y

IV. El jurado de acusación acordará, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus integrantes, si ha lugar a continuar el procedimiento.

2. Si el jurado de acusación no resuelve, por la mayoría calificada requerida, que es procedente la acusación, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido.

III. El presidente de la Mesa Directiva solicitará que el servidor público y su defensor se retiren del recinto legislativo; y

IV. El Jurado de Procedencia acordará, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus integrantes, si ha lugar a proceder penalmente contra el denunciado.

2. Si el Jurado de Procedencia acuerda que no ha lugar a proceder penalmente, o no se integra la mayoría calificada que exige el numeral anterior para la resolución condenatoria, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido.

Artículo 36

Si el Jurado de Procedencia acuerda proceder penalmente, el servidor público será privado del fuero constitucional, y quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión, y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.

El Congreso del Estado, a través de la Secretaría General, notificará el acuerdo que contiene la Declaración de Procedencia y la remoción del fuero constitucional mediante oficio al inculpado, al denunciante o querellante y al Ministerio Público quien podrá solicitar las medidas precautorias conducentes, de conformidad con la legislación penal.

Artículo 37

En caso de que el Jurado de Procedencia del Congreso del Estado acuerde que no ha lugar para proceder penalmente contra el servidor público, no se podrá seguir procedimiento ulterior por la misma causa mientras subsista el fuero constitucional, sin perjuicio de que continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su encargo.

Artículo 32: SI EL TRIBUNAL DETECTA QUE HUBO FALSEDAD EN LA ACUSACIÓN

1. Toda sentencia del Tribunal Superior de Justicia que determine que la denuncia fue producida con falsedad, deberá condenar al denunciante, cuando sea un particular, a cubrir las costas judiciales ocasionadas al denunciado.