Rosalinda Morales/ Agencia Noticias La Fuente/

La gobernadora Norma Rocío Nahle García, calificó como una «injusticia» el linchamiento en contra del maestro José «N» de la escuela primaria “Luis Donaldo Colosio” en Martínez de la Torre, por la tarea a los alumnos dibujar un croquis del trayecto de su casa a la escuela, lo que provocó la denuncia de una madre de familia por presunto acoso en la Fiscalía general del estado.
«No será suspendido, ayer hablé con Raquel -Bonilla- secretaría de Educación, que se metiera en el tema, en cualquier lado que pueda apoyar a los maestros,
hacen un gran trabajo, un gran trabajo.»
En conferencia de prensa, la gobernadora Norma Rocío Nahle García, dijo que el maestro cuenta con todo el apoyo, porque se trata de una injusticia.
«Es proteger al maestro. En este caso es una injusticia. Si la mamá del niño no estaba de acuerdo con la actividad del niño, es otra cosa. Pero el maestro tiene que continuar trabajando, por supuesto, si él no hizo nada malo, nada.»
Aprovechó para enviar un exhorto respetuoso a todos los padres de familia para más responsabilidad y apoyo a las escuelas y a los maestros y a las maestras.
El pasado 7 de octubre de 2026, en la escuela primaria “Luis Donaldo Colosio” en Martínez de la Torre, un maestro suplente de sexto grado llamado José «N» dejó de tarea a los alumnos dibujar un croquis del trayecto de su casa a la escuela.
Una madre de familia identificada como Karina «N» (integrante de la Asociación de Padres de Familia) consideró sospechosa la actividad y encaró al profesor, argumentando que vulneraba la privacidad de los menores; ya que antes tenia quejas de su hija, de que el maestro la miraba mucho y la hacía sentir incómoda.
El video del reclamo se viralizó porque amenazó al director del plantel y las redes sociales la bautizaron como “Lady Croquis”.

CONGRESO ANALIZA INICIATIVA PARA EVITAR QUE MAESTROS PIERDAN EMPLEO POR ACUSACIONES FALSAS
Asimismo, en el congreso local hay una iniciativa de ley para que los maestros señalados de ser “abusadores”, o de “acoso”, no sean separados de su cargo inmediatamente sino que se investigue primero su responsabilidad en lo que se les señala, ya que son separados de inmediato y en lo que se investiga tardan meses o un año o más sin trabajar los docentes que son acusados y a veces sin pruebas, la iniciativa aún es analizada en el congreso local.

La iniciativa fue presentada hace un tres meses por el diputado José Reveriano Marín Hernández.

El diputado José Reveriano Marín Hernández presentó el 1 de julio pasado, una Iniciativa en la que plantea, al reformar el Código Penal del estado, fomentar un ambiente escolar seguro y respetuoso tanto para el alumnado, como para el personal educativo, a efecto de sancionar las denuncias falsas, basadas en hechos no ciertos, estableciendo consecuencias legales para quienes presentan acusaciones infundadas en contra de docentes, directivos y del personal de apoyo y asistencia a la educación del sector educativo estatal.

 De igual manera, propone reformar la Ley de Educación del estado, para que los protocolos de actuación sean bien aplicados por las autoridades del ramo, garantizando el debido proceso para asegurar un procedimiento legal y justo en caso de ser acusados, además de proteger la imagen profesional tomando acciones para limpiar la reputación de quienes hayan sido víctimas de acusaciones falsas.

 El legislador señala que en distintas entidades del país, incluido Veracruz, han sido documentadas agresiones físicas, verbales y psicológicas contra docentes, personal administrativo y directivos de instituciones educativas. Estos hechos han derivado en lesiones graves, denuncias falsas, hostigamiento público e incluso homicidios, en el peor de los casos. Ejemplificó esto con el caso de “la maestra Tere” en San Juan del Río, Querétaro.

 Destaca el activismo surgido en el nivel nacional a favor de proteger a maestras y maestros de denuncias falsas que afectarán su desarrollo personal y profesional y sancionar a quienes, valiéndose de disposiciones legales a favor de proteger el interés superior de la niñez, hacen acusaciones injuriosas sin pruebas y carentes de sustento jurídico en contra de personal docente, mismas que, después de complicados procesos administrativos y penales quedan desestimadas, sin responsabilidad para el denunciante, no obstante el daño causado a la carrera y persona de la maestra o maestro falsamente denunciado.

En este contexto, Reveriano Marín afirma que el entorno social contemporáneo ha colocado a las y los trabajadores de la educación en una posición cada vez más vulnerable frente a la violencia, la desconfianza y la desvalorización social de su quehacer. Advirtió que agresiones verbales o físicas por parte de alumnos, padres de familia o incluso terceros ajenos a la institución, campañas de difamación, amenazas o denuncias sin fundamento en contra de docentes, directivos y personal de apoyo y asistencia a la educación son cada vez más frecuentes.

El diputado propone adicionar el Artículo 333 Bis al Código Penal del estado para imponer una pena de cuatro a nueve años de prisión y multa de cien a 500 días de salario mínimo a quien formule ante una autoridad administrativa, de supervisión profesional o judicial una queja o denuncia de manera dolosa en contra de docentes, directivos y del personal de apoyo y asistencia a la educación en ejercicio de una actividad educativa, imputándole hechos falsos o inexistentes en el desempeño de su profesión o función.